Este concepto deriva del término agrario, que expresa lo relativo o perteneciente al campo o al régimen de propiedad rural, y se utiliza para identificar al conjunto de intereses campesinos referentes a la posesión y explotación de la tierra.

Se acepta la afirmación de que la historia de una nación es el relato de su propiedad rural o, dicho de otra manera, la lucha del hombre por la tierra.

El Siglo XIX fue un periodo de grandes y profundas transformaciones en el campo, acompañadas de alzamientos y revueltas campesinas de diversa intensidad y trascendencia social. Los estallidos agrarios ocurrieron con más frecuencia en las zonas de mayor concentración demográfica. Puede decirse que no pasó un año sin que en algún punto del país explotara una protesta de contenido rural.

El movimiento de Independencia tuvo carácter político y dejó casi intacta la estructura económica de la Colonia. Morelos, quien luchó por encontrar remedio al atraso económico y cultural del campesino, demandaba en el artículo XVII de los Sentimientos de la Nación que “a cada uno se le guarden sus propiedades, y respeten su casa, como en un asilo sagrado, señalando penas a los infractores”. Quedaba así manifiesta la voluntad de respetar la antigua estructura de propiedad en el campo.

Sin embargo, desde los primeros años independientes varios gobernadores estatales comenzaron a legislar en contra de las formas indígenas de propiedad comunal; el estado de México, al que pertenecía la mayor parte del actual estado de Guerrero, lo hizo en 1833, iniciándose un proceso que marcaba el predominio y el ensanchamiento de la propiedad privada sobre otras formas de tenencia de la tierra, lo que tendría como contrapartida continuas revueltas campesinas, elevándose las primeras voces del agrarismo suriano que denunciaban el acaparamiento de la tierra por el latifundismo criollo.

Un movimiento agrario de magnitud considerable se suscitó en el actual estado de Guerrero en mayo de 1843: alrededor de 3000 campesinos se levantaron en defensa de sus tierras y Juan Álvarez, caudillo local, fue acusado de alentar la rebelión.

De 1850 a 1853, siendo gobernador de Guerrero el general Juan Álvarez, se produjeron numerosas protestas contra los hacendados; un año más tarde, Álvarez –que en numerosas ocasiones había asumido la defensa de los derechos de los indígenas de la región– encabezó la Revolución de Ayutla contra Santa Anna, iniciándose el periodo de la Reforma.

Dos años después del triunfo de la Revolución de Ayutla fue propuesta al Congreso Extraordinario Constituyente de 1856–1857 la Ley de Desamortización, que obligaba a las corporaciones civiles y religiosas a vender sus propiedades inmuebles. Pocos fueron los diputados que, previendo las consecuencias desfavorables de esa ley para los pueblos indígenas, se opusieron y votaron por la aprobación de algunas enmiendas para proteger los terrenos comunales.

Ignacio Ramírez y Blas Barcárcel señalaron que la ley favorecía sólo a aquellos que tuvieran capacidad para comprar terrenos, e Isidoro Olvera, diputado por Guerrero, lanzó duros ataques contra el latifundio, señalando que el proceso de concentración de la tierra era la principal causa del malestar social que reinaba en el país; aseveración que quedaba confirmada por la ocurrencia cada vez más frecuente de brotes violentos de rebeldía campesina en más de diez entidades federativas, incluida la Costa Chica del estado de Guerrero.

En 1868, Miguel Negrete, el general liberal que dos años antes había roto con Juárez acusándolo de no resolver los problemas del pueblo, acaudilló un alzamiento agrario en las montañas de Puebla, Morelos y Guerrero que se prolongó hasta 1890.

Por efecto de la aplicación de la Ley de Desamortización, entre 1871 y 1901 en Guerrero el número de haciendas se elevó de 51 a 100 y el de ranchos casi se cuadruplicó, al pasar de 238 a 901, en tanto que el número de pueblos disminuyó de 343 a 313; esta situación sería muy similar a la que habría de presentarse al inicio del movimiento revolucionario de 1910 que, aun con la ley del 6 de enero de 1915, resultó insuficiente para hacer llegar la reforma agraria a Guerrero.

Correspondió al profesor Francisco Figueroa Mata en su segunda gestión como gobernador provisional del estado hacer la primera entrega de tierras el 10 de diciembre de 1919 en el poblado de San Vicente Palapa, municipio de Tepecoacuilco.

Desde esa fecha hasta el 5 de enero de 2002, en que se consideró concluido el reparto agrario, éste arroja las cifras siguientes para el estado de Guerrero:

Si bien es válido afirmar que en las cifras anteriores fue fundamental la voluntad política del gobernante en turno, también lo es el hecho de que el movimiento agrarista tuvo un gran peso en las decisiones para dotar de tierras a la mayor parte de los grupos solicitantes.

Como resultado del agrarismo en Guerrero la entidad cuenta a la fecha con 1072 ejidos y 199 comunidades, que suman un total de 1271 núcleos agrarios que representan casi el 80 por ciento de la superficie estatal.

(JCLU)