Se crea en la administración del gobernador del estado de Guerrero, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del estado 60, de fecha 28 de julio de 2006, con el propósito de lograr los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2005–2011, en el que se contempla entre sus acciones prioritarias la atención a la gran demanda social.

Se parte de una estrategia de centralización administrativa y de una planeación democrática sustentada principalmente en la participación de los núcleos de población, aprovechando la lealtad y sinceridad de los guerrerenses en la ejecución de las acciones de participación ciudadana en beneficio de su comunidad.

El Programa de Acciones Prioritarias tiene como uno de sus antecedentes la marginación social y económica que se presenta en las regiones del estado, principalmente en los municipios indígenas, que son históricamente espacios en proceso de exclusión social. Surge con el objeto de atender a la población de las siete regiones del estado en situación de pobreza y pobreza extrema, dándole cauce a sus demandas de ayuda en eventos sociales, culturales y conmemorativos; apoyos para gastos médicos, defunciones, viajes de estudios y viviendas siniestradas; apoyos en la capacitación, equipamiento y suministro de materias primas a los pequeños talleres que lo requieran, así como obras breves de bajo costo, preferentemente en zonas de alta y muy alta marginación en el estado.

El Programa de Acciones Prioritarias se plasma dentro del organigrama de la Secretaría de Desarrollo Social, que emana de la estructura de Gobierno prevista en el Plan Estatal de Desarrollo 2005–2011.

El objetivo principal de este programa es dar atención pronta, expedita y sistematizada a las demandas ciudadanas que reciben el titular del Ejecutivo y la Secretaría de Desarrollo Social de las siete regiones del estado en los rubros mencionados con antelación.

Entre sus objetivos específicos destacan la atención, de acuerdo a la capacidad presupuestal, a las demandas prioritarias como son obras de rehabilitación, reconstrucción, equipamiento y construcción de servicios públicos básicos de montos pequeños y rápida ejecución que solucionen una necesidad concreta de la comunidad; de igual forma, fomentar la corresponsabilidad entre el Gobierno y la sociedad, y realizar acciones de carácter social que constituyan una demanda sensible y oportuna de la población.

Se establecieron puntualmente las metas del programa de la forma siguiente: atender las demandas de las siete regiones del estado; coordinar acciones con los Comités de Desarrollo Comunitario que, por obras, se conformen en los 81 municipios del estado; ejercer una inversión inicial de $10 000 000.00, etiquetados así: $4 000 000.00 para obra pública pequeña de bajo costo; $2 000 000.00 para desarrollo social y cultural; $2 000 000.00 para acciones de desarrollo humano y capacitación para la actividad productiva, y $2 000 000.00 para ayudas a necesidades apremiantes, con un costo operativo anual de $200 000.00.

La estrategia del programa se caracteriza por un comportamiento derivado de principios sociales y normas políticas acordes con las acciones de renovación que reclama la sociedad, con la visión de transitar del paternalismo gubernamental a la corresponsabilidad, diversificando los programas de desarrollo social para la atención integral de la población.

Una importante línea de acción de este programa consiste en la participación pueblo–gobierno como ingrediente fundamental de la democracia; por lo tanto, la decisión de dónde y en qué invertir los recursos presupuestales se da con el evidente propósito de que el propio núcleo poblacional sea el que señale las acciones y obras que requiere, definiendo prioridades.

Los principios de aplicación permanente del Programa de Acciones Prioritarias son rectores en la toma de decisiones y sólo pueden ser factibles a través de un asambleísmo permanente, de tal forma que los procesos de selección y ejecución de las obras y acciones, así como los recursos, se apliquen de una manera honesta y de participación plural; para ello se debe convocar dentro de la comunidad a una asamblea general donde el proceso de selección sea democrático, en la cual los asistentes elijan libremente a los miembros de un Comité Comunitario sin distinción de afiliación política, credo religioso o condición social.

Dicho comité será el encargado de recibir directamente los recursos financieros que aportará el estado, para lo cual promoverá la participación de los ciudadanos en el proceso de ejecución, así como para adquirir los materiales e insumos necesarios, de los cuales dará cuenta a la asamblea. El comité estará integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y cuatro vocales.

El Programa de Acciones Prioritarias se aplica bajo estrictas reglas de operación durante cada ejercicio fiscal, en las que se establecen los objetivos, lineamientos, cobertura, población–objetivo, beneficiarios, criterios de elegibilidad; selección de localidades, de comunidades prioritarias, de personas o conjunto de ciudadanos; beneficiarios del programa, características de los apoyos, transparencia, lineamientos específicos, mecánica de operación, presupuesto de la Dirección General del Programa, evaluación e información general.

En el tercer informe del gobernador del estado se consigna que “el Programa de Acciones Prioritarias ejerció $10 000 000.00 distribuidos en cuatro vertientes esenciales: obra pública, principalmente en dignificación de viviendas; necesidades apremiantes; actividades socioculturales, y desarrollo productivo para estimular el empleo, abarcando a población vulnerable, escuelas y grupos organizados”.

(RMD)