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Ing. Fernando Sánchez Garibay

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Constituciones políticas

Este documento señala que el Poder Legislativo reside en una sola Cámara de Diputados, electos de acuerdo al modo y forma dispuestos por la ley (electoral) correspondiente. El número de legisladores estaba dado por el número de habitantes de los distritos y se contemplaba la existencia de diputados suplentes en igual número que el de los propietarios.

Los requisitos para ser legislador eran los siguientes: ser ciudadano del estado, mayor de 25 años y tener una renta anual de quinientos pesos procedentes de un capital físico o moral; se excluían a aquellos que al tiempo de la elección fueran diputados o senadores al Congreso de la Unión por el estado; igualmente se eliminó como candidatos a ser diputados a los miembros del clero y a todo aquel que se desempeñara como funcionario estatal o federal.

De acuerdo con lo estipulado en el documento constitucional, el cargo de diputado no era renunciable y gozaba de fuero (ciertos privilegios en relación a la administración de la justicia) y de la inviolabilidad de sus votaciones y opiniones durante el desempeño de su función. Los legisladores al tomar posesión debían prestar juramento solemne de guardar y hacer guardar la Constitución local, la federal, el Acta Constitutiva y de Reformas, así como cumplir fiel y religiosamente con las obligaciones de su encargo. También se establecía que los diputados recibirían durante el tiempo de sesiones dietas de seis pesos diarios.

En relación al Poder Ejecutivo, la Constitución de 1851 señalaba que éste se depositaba en un solo individuo: el gobernador; que el periodo de su mandato era de cuatro años e iniciaba el 15 de enero. Para ser elegido gobernador se requería ser ciudadano del estado, encontrarse en ejercicio de sus derechos, tener más de 55 años y no ser miembro de algún culto religioso.

En este nuevo documento constitucional el Consejo de Gobierno ya no estaba formado por seis miembros (tres propietarios y tres suplentes), sino por ocho (cinco propietarios y tres suplentes), y para que se considerara válida su reunión bastaba la presencia de tres de sus miembros. El consejo se renovaba cada cuatro años y debía instalarse a partir de febrero de 1852. Los requisitos para ser consejero eran los mismos que para los diputados, excepto la edad, debían tener más de 55 años.

La Constitución de 1851 regulaba en sus artículos 74 al 78 a una nueva institución que encabezaba el procurador general del estado, cuyas funciones eran las de visitar todos los distritos de la entidad en el transcurso de un año; anotar las infracciones de los funcionarios de estos distritos, dando cuenta al gobernador; consultar las mejoras que le parecieran oportunas y atender muy especialmente a los adelantos de la instrucción pública, la agricultura, la minería, el comercio, la población y los demás ramos que promuevan la prosperidad del estado (Art. 77).

Para la elección de este funcionario el gobernador presentaba tres individuos ante el Congreso, el que por mayoría de votos y escrutinio secreto lo elegía. El procurador era responsable de su desempeño ante el gobernador, quien podía suspenderlo en sus funciones –dando cuenta al Congreso– si existían causas suficientes para ello.

La administración particular de los pueblos estaba a cargo de los prefectos, alcaldes municipales, alcaldes conciliadores y jueces de paz. En cada distrito había un prefecto; en la cabecera de cada municipalidad había un ayuntamiento con su alcalde municipal; en cada pueblo un alcalde conciliador, y en las cuadrillas, rancherías y cuarteles de población grande, un juez de paz. Lo relativo a cada uno de estos funcionarios se determinaba por leyes secundarias.

El Poder Judicial residía en el Tribunal Supremo de Justicia y en los demás jueces inferiores (jueces de primera instancia, alcaldes municipales, alcaldes conciliadores y jueces de paz). Los integrantes del tribunal eran nombrados por el Congreso a propuesta del gobernador; el Consejo de Gobierno debía estar de acuerdo con dichas propuestas. Para pertenecer al Supremo Tribunal se requería ser letrado, ciudadano en el ejercicio de sus derechos, de notoria honradez y mayor de 50 años.

Esta institución estaba formada por cuatro integrantes, incluido el fiscal. El primer fiscal adscrito al Tribunal Supremo de Justicia fue el licenciado José Urbano Lavín. La Constitución de 1851 regulaba en sus artículos 87 al 104 los lineamientos para la administración de justicia en lo civil, en lo criminal (penal) y en lo general (civil).

La parte final de la Constitución establecía el juramento solemne para todos los funcionarios del estado, imponía a los habitantes la obligación de observar y guardar la Constitución en todas sus partes, especificando que la infracción de cualquiera de sus artículos era un delito por el que sería responsable su infractor ante el tribunal correspondiente. También establecía la prohibición de reformar la Constitución durante un año después de su publicación y señalaba los mecanismos para tales reformas.

En 1853 vuelve Antonio López de Santa Anna al poder. La animadversión contra el dictador se manifestó de inmediato en la mayor parte del país. En Guerrero, Juan Álvarez Hurtado –gobernador del estado en ese momento– se le enfrentó abiertamente en apoyo del presidente legítimo Mariano Arista; poco después, y estimulado por la petición de diversos sectores de la sociedad mexicana, Álvarez unificó voluntades y aglutinó a todos los simpatizantes de esta causa, y logró –a través del coronel Florencio Villarreal– la proclamación del Plan de Ayutla el 1 de marzo de 1854.

Este plan –modificado 11 días después por Comonfort en Acapulco– volvía los ojos al Poder Legislativo como la única salvación del país frente al absolutismo del régimen santanista. El quinto punto del plan –parte medular del documento– establecía que al lograrse la renuncia de Santa Anna se nombraría un presidente interino de la República Mexicana con la obligación de convocar a un Congreso extraordinario para constituir a la nación mexicana bajo el modelo de República representativa y popular.

La revolución iniciada en Ayutla triunfaría, y convocado el Congreso Constituyente en la Ciudad de México, el estado de Guerrero envió a sus representantes para que participaran en él: Francisco Ibarra, Ponciano Arriaga, Francisco de P. Cendejas, Isidoro Olvera y Rafael Jáquez, como propietarios, y Mariano Riva Palacio, Ignacio Muñoz Campuzano, Mariano Arizcorreta, Eligio Romero y Manuel Gener, como suplentes.

El 5 de febrero de 1857, el Congreso sancionó y juró la nueva Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, logro indiscutible de la revolución suriana. Este documento constitucional afirmaría nuestro sistema político nacional y social, dando al poder Legislativo mexicano la soberanía, respetabilidad y seguridad que tanto necesitaba para cumplir cabalmente con sus deberes y obligaciones. En él se definió con claridad y precisión lo relativo a las garantías individuales, a la organización política de la República –que adoptaba el sistema republicano federalista–, y al establecimiento de la escuela laica. Fue con esa Constitución que se comenzó a forjar la verdadera nacionalidad mexicana y su emancipación política, económica, cultural y social.

Es precisamente la promulgación de ese documento –que suplió a la Constitución de 1824– lo que desató la guerra fraticida más terrible del México del siglo XIX –la Guerra de Reforma o Guerra de los Tres Años (1858-1860)–, culminación del conflicto económico, político y social entre liberales y conservadores que se venía gestando en la sociedad mexicana desde la Colonia.

Constitución de 1862.

Once años después de haber sido promulgada nuestra primera Carta Magna estatal, y coincidiendo con la invasión francesa a nuestro país, un nuevo Congreso local elaboró la segunda Constitución del Estado de Guerrero, proclamada por Diego Álvarez desde la hacienda La Providencia, y firmada en la ciudad de Tixtla de Guerrero el 21 de octubre de 1862 por los siguientes diputados constituyentes: Luis N. Guillemaud, quien fungía como presidente, Manuel Parra, Nicolás D. Sánchez, Antonio E. Reguera y Francisco de P. Ortega y Félix B. Franco; éstos dos últimos se desempeñaban como secretarios.

El nuevo ordenamiento constitucional estaba integrado por 25 artículos agrupados en ocho temas. A diferencia de la primera Constitución se observa un menor número de artículos y un mayor número de temas. Esta nueva Constitución no registró muchos cambios en el contenido en relación a la de 1851. De las pocas novedades que hubo se puede mencionar que en su texto ya no se reconoció a la religión católica, apostólica y romana como única en el estado, pues las Leyes de Reforma habían modificado tal concepción en todo el país y se había establecido la libertad de cultos. Por otro lado, para los casos de la pérdida de la ciudadanía se hacía referencia a las causales del artículo 37 de la Constitución Federal y a las especificadas en la Ley Orgánica Federal.

Durante la vigencia de ese ordenamiento constitucional habría de instaurarse el fugaz segundo Imperio mexicano. Por cierto que, de acuerdo con el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, el Estado de Guerrero quedó dividido en dos departamentos.

Al término de la campaña contra la intervención francesa, en 1867, Diego Álvarez, gobernador y comandante militar del estado, entró en conflicto con el general Vicente Jiménez, jefe de la Primera Brigada de la División del Sur, quien el 7 de junio del año mencionado publicó un documento en el que desconoce al general Álvarez como gobernador y comandante general del estado “por haber desmerecido la confianza de los pueblos”, nombrándose además gobernador interino del estado, “mientras el pueblo elige conforme a la ley al licenciado Ignacio Manuel Altamirano”.

El gobierno de Benito Juárez apoyó en forma decidida a Diego Álvarez y ante esta situación Jiménez envió al Congreso de la Unión otro documento titulado “Exposición sobre los sucesos ocurridos en el Estado de Guerrero”, donde sostiene sus quejas contra el Gobierno del estado y termina pidiendo la apertura de la carretera a Acapulco, leyes que impulsen la explotación de los minerales y bosques de Guerrero, colonización para las áreas poco pobladas y el retiro de Diego Álvarez del mando en el estado.