Sábado  21 de septiembre de 2019.

Traducir

Spanish Chinese (Simplified) English French German Greek Italian Japanese Norwegian Portuguese Russian
  • Iglesia de Santiago Apóstol en Ometepec
  • Entrada Fuerte de Acapulco
  • Fábrica de hilados en El Ticuí
  • Mural en la ciudad de Tixtla
  • Museo Regional de Guerrero en Chilpancingo
  • Danza de Los Apaches
  • Tlacololeros
  • Monumento a la Bandera en Iguala
  • Museo de la Bandera en Iguala
  • Danza guerrerense
  • Iglesia de Santa Prisca en Taxco
  • Mural del Palacio Municipal de Tixtla de Guerrero
  • Zona arqueológica Tehuacalco
  • Con agua y flores, fragmento
  • Encomendero
  • Monumento a los héroes de la Independencia en Iguala
  • Ofrenda de Día de Muertos
  • Pescado a la talla
  • Mujeres danzantes de Zitlala
  • Santuario en Olinalá
Previous Next

Adquiera su ejemplar

  • Cartel Enciclopedia
  • Cartel Enciclopedia

Buscar en el contenido

Patrocinadores

  • Consejo de la Crónica de Iguala
  • Visita la Feria a La Bandera
  • Visita la Feria a La Bandera
  • Patrocinador 2015-2017
  • Patrocinador 2015-2017
Visitas desde el 24-Feb-2012
4481230
HoyHoy356
AyerAyer996
Esta semanaEsta semana6639
Este mesEste mes23755
TodosTodos4481230
Día más visitado 05-07-2018 : 2924
UNITED STATES
US
Usuarios conectados 15

Diseño Web

Ing. Sandra de Jesús Sánchez

Ing. Fernando Sánchez Garibay

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Prefectos y/o jefes políticos

Su posición en la estructura del gobierno local y la naturaleza de sus atribuciones hicieron del jefe político un personaje central en la organización del poder y en el proceso de conformación del Estado Mexicano durante todo el Siglo XIX.

Algunos historiadores consideran que el prefecto o jefe político surgió en la época del Porfiriato, porque fue la época en que tuvieron mayores facultades, pero sus orígenes son mucho más antiguos y se remontan a la Ordenanza de Intendentes de 1786 expedida por Carlos III. Esta Ordenanza formó parte de un conjunto más amplio de transformaciones en el sistema de gobierno español que, conocido con el nombre de Reformas Borbónicas, tenía como objetivo reordenar el sistema político-administrativo de la Corona para racionalizar su funcionamiento y ejercer un mayor control sobre las posesiones coloniales.

Una de las principales medidas puestas en marcha para lograr los anteriores objetivos fue el establecimiento, en los gobiernos provinciales, de una cadena de mando compuesta por intendentes, subdelegados y los ayuntamientos. Los intendentes estaban a cargo del gobierno de las provincias, mientras que la jurisdicción de los subdelegados se limitaba a los partidos. Por su posición de intermediarios entre los intendentes y los ayuntamientos, los subdelegados se consideran como un antecedente de los jefes políticos. Aunque la Ordenanza mencionada atribuía una considerable cantidad de tareas y obligaciones a los subdelegados, éstas se restringían en muchas ocasiones a la simple vigilancia y remisión de informes al intendente, que era el que tenía verdadera capacidad de decisión.

De esta manera, las facultades y prerrogativas del intendente anunciaban las atribuciones que se otorgarían con posterioridad a los jefes políticos ya que, según la Ordenanza, aparte de ejercer un estrecho control sobre la administración de los fondos públicos de los ayuntamientos, los intendentes tenían la obligación de hacer cumplir todas las órdenes virreinales, tales como establecer y mantener la paz en los pueblos de sus provincias, y hacer visitas anuales a los territorios de su jurisdicción para frenar los abusos de las autoridades locales y fomentar el desarrollo económico.

La Constitución de Cádiz, publicada en 1812, fue en cierto sentido una continuación de los esfuerzos de los reformistas Borbones por establecer un régimen político-administrativo de naturaleza racional y jerárquica que fuera eficaz, homogéneo y que mantuviera bajo control a las provincias que estaban bajo el dominio de la Corona, principalmente en lo que respecta a la vigilancia ejercida sobre los ayuntamientos que la Constitución encargaba tanto a los jefes políticos superiores como a las diputaciones provinciales. De esta manera, según la Constitución gaditana, los jefes políticos superiores sustituyeron a los intendentes, pues quedaron como encargados del gobierno de las provincias, antecedente que se reflejó en la Constitución federalista de 1824. La Constitución de Cádiz establecía que el jefe político superior estaría a cargo de la tranquilidad pública, del buen orden, de la seguridad de las personas y bienes de sus habitantes, de la ejecución de las leyes y órdenes del gobierno y, en general, de todo lo que pertenecía al orden público y prosperidad de la provincia.

En una situación similar a la establecida por la Ordenanza de 1786, el ayuntamiento en la Constitución gaditana quedó sujeto a la vigilancia y control del jefe político superior y la diputación provincial, pues estaba obligado a enviar al jefe político informes sobre el estado de la administración municipal y remitirle cuentas de Propios y Arbitrios para su aprobación.

Lo más novedoso de la Constitución de Cádiz fue que suprimió al subdelegado, sin sustituirlo por otro funcionario que mediara entre los ayuntamientos y el jefe político superior. Lo anterior dio a los ayuntamientos la posibilidad de desempeñarse sin la intervención directa de un representante del gobierno central.

La disposición de la Constitución de Cádiz que más afectó a los gobiernos locales fue la que estableció que, para formar un nuevo ayuntamiento, se requerían por lo menos mil personas. El resultado fue una notable multiplicación de ayuntamientos a lo largo de toda la Nueva España, lo que produjo una ampliación de la participación política y redundó en un proceso de descentralización del poder. A lo anterior hay que agregar la inestabilidad que se vivió en la Nueva España a principios del Siglo XIX, pues en 1808 el rey de España renunció a la Corona y los ayuntamientos de las ciudades principales en los territorios coloniales argumentaron que, en ausencia del rey, la soberanía había regresado a los pueblos, representados precisamente por los cabildos; esto fue notorio con respecto al ayuntamiento de la Ciudad de México, pero pronto se volvió una idea común que fue adoptada por muchos cabildos. La situación se agravó en 1810, con el inicio de la Guerra de Independencia que fragmentó el control administrativo del virreinato y ahondó aún más las tendencias descentralizadoras que favorecían la autonomía de los gobiernos locales.

De este modo, la existencia de una legislación que favorecía la multiplicación de los ayuntamientos, la difusión de la idea de que la soberanía recaía en los cabildos y los efectos desestabilizadores de la independencia se conjugaron para que, a principios de la década de 1820, los ayuntamientos adquirieran una gran importancia política y se consolidaran como una de las instituciones más importantes del país, al menos para aquellos sectores de la población que habían sido marginados de la representación política y veían en los cabildos una plataforma para defender su derecho al autogobierno.

Por lo anterior, no es de extrañar el papel protagónico que tuvieron en la caída del imperio de Agustín de Iturbide las élites regionales que, utilizando a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales como plataformas políticas, presionaron para que se estableciera en el país un sistema de gobierno republicano y federal, con un gobierno central débil que les permitiera manejar con libertad los asuntos internos de las provincias pero que, al mismo tiempo, mantuviera unido al país. Así fue como surgió la Constitución de 1824 en la que se dispuso que el país estaría conformado por “estados independientes, libres y soberanos en lo que toque a su administración y gobierno interior”. En consecuencia, al erigir las instituciones estatales, los diputados de los congresos locales crearon una organización política y una distribución del poder público que daba prioridad a la eficacia administrativa y a la unidad política con la finalidad de centralizar el poder estatal.

La primera preocupación de los legisladores locales fue establecer una división al interior de los estados que sirviera como base de los aparatos de administración local. Así surgieron los partidos, cada uno de los cuales abarcaba varias municipalidades, pero en la mayoría de los estados los partidos estaban a su vez divididos en departamentos o distritos con el objeto de establecer un control más estrecho sobre el territorio estatal, dado que cada uno de los partidos y departamentos estaba administrado por un jefe político que se desempeñaba como representante del poder Ejecutivo. Así se estableció una cadena de mando conformada por los gobernadores, los jefes políticos y los ayuntamientos, los cuales conformaban una estructura jerárquica cuyo objetivo era ordenar y hacer efectiva la acción del gobierno a lo largo de todo el territorio estatal.

Es conveniente aclarar que en varios estados no se contemplaba la figura del jefe político, como ocurrió en Zacatecas, Yucatán, Chihuahua, Nuevo León y Durango; además, casi todos los estados aumentaron el número de habitantes para poder conformar ayuntamientos, a fin de evitar su multiplicación, y en promedio se requerían 4000 habitantes para erigir una municipalidad.

En virtud de que los estados, de acuerdo a la citada Constitución de 1824, tenían libertad para organizar su régimen interior, las facultades de los jefes políticos, llamados también prefectos en algunas constituciones locales, variaban de un estado a otro, pero, en general, eran similares a las que la Ordenanza de Intendentes de 1786 y la Constitución de Cádiz habían otorgado a los intendentes y jefes políticos superiores. De este modo, los jefes y/o prefectos políticos estaban encargados de conservar la seguridad pública, hacer circular y cumplir las leyes, órdenes y decretos del gobierno, aprehender y perseguir delincuentes e imponer multas y arrestos a quienes lo merecieran, para lo cual tenían a sus órdenes a la milicia cívica local y podían pedir auxilio a las tropas militares cuando lo consideraran necesario; además, tenían la obligación de remitir informes al gobierno sobre la situación imperante en sus partidos; formar estadísticas sobre el número de matrimonios, nacimientos y defunciones; procurar la construcción de obras públicas y proponer medidas para el fomento de la educación, la agricultura, la industria, el comercio y la minería.

Finalmente, los prefectos políticos tenían atribuciones para controlar estrechamente todas las actividades de los ayuntamientos, en especial las finanzas municipales mediante el examen y la aprobación de los planes de arbitrios, sobre la base de que la mayoría de los ayuntamientos estaban en manos de gente ignorante o mal intencionada.

De la confusa variedad de tendencias políticas que siguió a la caída de Iturbide, estaban llamados a surgir dos partidos que, en el curso del tiempo, se llamarían liberal el uno y conservador el otro. Los programas de cada partido diferían radicalmente, pues el conservador adoptaba el centralismo y la oligarquía de las clases preparadas –que se inclinó a la forma monárquica y defendía los fueros y privilegios tradicionales–. Lucas Alamán, su representante más autorizado, formuló sus principios: conservar la religión católica, sostener el culto con esplendor y respetar los bienes eclesiásticos; luchar contra la Federación, contra el sistema representativo, contra los ayuntamientos y contra todo lo que se llamara elección popular.

El primer episodio importante de la lucha entre ambos partidos se desarrolló en los años de 1832 a 1834. La administración del vicepresidente Gómez Farías, en ausencia del presidente Santa Anna, se propuso emprender las reformas eclesiástica y militar, pero las clases afectadas reaccionaron y, al mismo tiempo que se produjo una desmembración del partido progresista, surgió el partido de los moderados. Santa Anna regresó de su hacienda Manga de Clavo, despidió a Gómez Farías y suspendió la legislación reformatoria. El Congreso federal que se reunió en 1835 estuvo integrado en su mayoría por conservadores, destacando la milicia y el clero, de donde surgieron las Bases para la nueva Constitución,que dio fin al sistema federal, y ésta se dividió en siete estatutos, razón por la cual a la Constitución Centralista de 1835 se le conoce como laConstitución de las Siete Leyes. La segunda se aprobó hasta abril de 1836 y en ella se estableció la institución llamada Supremo Poder Conservador. Como consecuencia desaparecieron los estados, los cuales pasaron a llamarse “departamentos”, sujetos a un gobernador dependiente del ejecutivo supremo de la nación. Los departamentos se dividieron en distritos y éstos en partidos.

Una de las facultades de los gobernadores fue la de nombrar a los prefectos y subprefectos de departamento y removerlos, oyendo el dictamen de la Junta Departamental. Se relacionaron los requisitos para ser prefecto, y sus facultades consistieron en cuidar en su distrito el orden y la tranquilidad pública, con sujeción al gobernador que tuvo el poder de nombrarlos; cumplir y hacer cumplir las órdenes del gobierno particular del departamento; velar por el cumplimiento de las obligaciones de los ayuntamientos y disponer del ramo de policía. Se dispuso que en cada cabecera de partido habría un subprefecto, nombrado por el prefecto y aprobado por el gobernador, y sus funciones en el partido eran las mismas que las del prefecto en el distrito.

El Supremo Poder Conservador, el 9 de noviembre de 1839, emitió un proyecto de reforma la cual fue aprobada, y en su artículo 140 dispuso que en cada distrito habría un prefecto, con duración de ocho años y podría ser reelecto. El artículo 142 relaciona las facultades de los prefectos, considerablemente ampliadas en relación a los anteriores, pues tenían la obligación de cumplir y hacer cumplir en sus distritos la Constitución, las leyes y decretos del Congreso, los decretos y órdenes del Presidente de la República, las disposiciones de la junta departamental, las órdenes del gobernador; mantener el orden y la tranquilidad pública; impulsar el establecimiento de escuelas; vigilar que los jueces de su demarcación administraran pronta y debida justicia; velar por el cumplimiento de las obligaciones de los ayuntamientos y demás funcionarios y empleados de sus distritos, principalmente de los que manejaran caudales públicos; perseguir a los delincuentes y ponerlos a disposición de los tribunales respectivos; vigilar todo lo concerniente al ramo de policía y promover cuanto condujera al fomento y adelanto de la industria y al bienestar de los pueblos. Asimismo, en el artículo 143, se dispuso que en cada partido habría un subprefecto con duración de cuatro años y podía ser reelecto, con las mismas facultades que los prefectos en sus partidos.

En 1842 se presentó un proyecto de Constitución el cual no llegó a aprobarse y en él nada se dispuso sobre los prefectos y subprefectos.

En 1843, se expidieron las Bases de Organización Política de la República Mexicana, conocidas como Bases Orgánicas, las cuales fueron sancionadas por Santa Anna. En estas bases subsistió la denominación de “departamentos” para los que hoy conocemos como “estados”, cuyo gobierno estaba a cargo de una asamblea de no más de once vocales; un gobernador nombrado por el Presidente de la República a propuesta de las asambleas departamentales. En ellas se encuentran ausentes los prefectos y subprefectos, cuyas facultades fueron adjudicadas a los gobernadores.

En mayo de 1847 fue jurada y promulgada un Acta Constitutiva y de Reforma, la cual no tuvo vigencia ante la inminente invasión de EU.

Al Plan de Ayutla, del 1 de marzo de 1854, reformado en Acapulco el 11 de mayo del mismo año, sobrevino el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de fecha 15 de mayo de 1856, en el que, al adoptarse nuevamente la República, ya se habla de “estados”, en lugar de “departamentos” y se crearon “los territorios”, que serían gobernados por jefes políticos nombrados por el Presidente de la República y con las mismas facultades que los gobernadores.

Don Juan Álvarez expidió con fecha 16 de octubre de 1855 la convocatoria para el Congreso Constituyente, encargado de elaborar una nueva Constitución, de acuerdo al Plan de Ayutla, pero éste se reunió hasta el 17 de febrero de 1856 y al día siguiente se llevó a cabo la apertura solemne de las sesiones. Los moderados prevalecían numéricamente en la Asamblea, pero los puros ganaron desde el primer momento las posiciones dominantes, y el 5 de febrero de 1857 fue jurada la Constitución y promulgada por Ignacio Comonfort, en su carácter de presidente sustituto de la República Mexicana. El artículo 40 dispuso que: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. En el artículo 109 se prescribió que “los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular”. Respecto a los gobernadores de los estados se determinó que estarían obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales de tal manera que, respecto al régimen interior de los estados, éste quedó sujeto a lo que ordenara la Constitución de cada entidad federativa. Y en nueve de ellas se conservó a los jefes políticos.